El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad, y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno, condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.

Derechos humanos y sublevaciones militares
El gobierno de Alfonsín tuvo que abordar el desafío de la transición a la democracia en un país con una prolongada historia de gobiernos militares, que culminaron en el terrorismo de estado y la guerra.

El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín promulgó los decretos 157/83 y 158/83. El primero ordenaba juzgar a los líderes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; el segundo, procesar a las tres juntas militares que gobernaron el país desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. Ese mismo día, también se estableció la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), conformada por destacadas personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Meijide, entre otros. Su misión era investigar, documentar y registrar casos y evidencias de violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de fundamentar el juicio contra las juntas militares.

El 15 de diciembre, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba nula la conocida ley de autoamnistía N.º 22.924, promulgada por el gobierno militar. Una semana después, el proyecto fue sancionado y se convirtió en la Ley N.º 23.040, marcando un hito en la primera etapa de la nueva democracia.

El 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó su célebre informe titulado «Nunca Más», acompañada por una masiva multitud de 70,000 personas. Poco después, el 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal, un tribunal civil, decidió asumir el caso, desplazando al tribunal militar que estaba juzgando a las juntas. Los fiscales designados para este histórico juicio fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, abarcando 281 casos.

El 9 de diciembre se dictó la sentencia en la que Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Viola fue sentenciado a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a 8 años, y Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Esta condena a las juntas militares, llevada a cabo por un gobierno democráticamente electo, representó un hecho sin precedentes en el mundo, contrastando notablemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

El gobierno de Alfonsín enfrentó constantes amenazas por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, que se negaban a aceptar el juicio por violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar anterior. Para controlar el creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas, en 1986, Alfonsín se vio obligado a intervenir personalmente para que el Congreso aprobara la Ley de Punto Final, que impuso un plazo de 60 días para procesar a aquellos acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final resultó ser insuficiente y, durante la Semana Santa de 1987, estalló una importante rebelión militar compuesta principalmente por jóvenes oficiales conocidos como «carapintadas», liderados por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo, los altos mandos militares dejaron claro que no tenían la intención de obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para manifestar su oposición al levantamiento militar, y la CGT convocó una huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días, el país estuvo al borde de una guerra civil.

Alfonsín se dirigió a la multitud reunida en la Plaza de Mayo desde la Casa de Gobierno, anunciando el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Sin embargo, poco después se dio cuenta de que, en realidad, esas tropas no existían. Ninguna de las unidades convocadas en la Capital Federal y sus alrededores respondió a esa orden. Solo el General Ernesto Alais mostró disposición para actuar desde su guarnición en la provincia de Corrientes, avanzando con sus tropas hacia Campo de Mayo. Sin embargo, al llegar a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha y manifestaron su decisión de no avanzar contra sus compañeros. Alfonsín, en un momento de desespero, consideró marchar al frente de la multitud hacia Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero finalmente se abstuvo de hacerlo para evitar la guerra civil.

 

En vez de ello, Alfonsín concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica (con sentido negativo): “La casa está en orden, felices Pascuas”.
Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares «carapintadas» la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia.[14] Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad, y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.

Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.

Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:

Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.

GobiernoEl gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. (Referencia bibliográfica: Luis Alberto Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, Ed: Fondo de Cultura Económica)

 

Política económica
La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente negativa, interna y externamente. Externamente, en 1982 estallaba la crisis de la deuda externa latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.[18] Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 (datos para el Gran Buenos Aires),[19] anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la década perdida.

En una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.[20]

A poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó 625% anual.[21]

En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de «desagio» para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.

El Plan Austral funcionó bien al principio. En octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo. La estabilidad económica jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.

Pero en 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período).[22] El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado.

Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.

En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Terragno anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público. En esa oportunidad decía Sourruille:

Las múltiples funciones del Estado, funciones que fueron surgiendo en el último medio siglo, no por un capricho ideológico, sino al calor de un consenso social más o menos espontáneo, hoy ya no pueden ser abarcadas con la debida eficiencia ni solventadas sin afectar la estabilidad… para avanzar hacia este crecimiento diferente es preciso actuar sobre una pieza clave en el engranaje de la vida nacional: el Estado. El Gobierno Nacional ha iniciado ya un proceso de reformas en el Estado, que hoy nos proponemos profundizar. La crisis del viejo modelo no se resuelve en la falsa antinomia de más o menos Estado, sino en la construcción de un Estado de nuevo tipo. Gerchunoff.

El gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”.[24]

Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.[25]

En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.

El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo, mes de las elecciones presidenciales, adelantadas intencionalmente por Alfonsín (algo que consideraría luego un grave error).[26] La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al record histórico de 47,3% en octubre del mismo año.[27]

En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín renunció el 9 de julio de 1989 para anticipar la entrega del mando a Carlos Menem ya que por esos días una escalada de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados.

Política internacional

Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único que se mantuvo durante casi todo su mandato. Las prioridades fueron: fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional.

Integración con Brasil: fundación del Mercosur

La preocupación del gobierno de Alfonsín por promover mecanismos multilaterales y de integración supranacional, lo llevó también a promover la integración comercial entre Argentina y Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del mundo.[28]

Desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de San Pablo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses Guimaraes, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva”[29] que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas.[30] A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente:

el 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su política exterior, Brasil aceptó la propuesta argentina y se incorporó al Grupo de Apoyo a Contadora, junto a Perú y Uruguay;
El 30 de noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur. En 2004, Argentina y Brasil resolvieron conjuntamente que el 30 de noviembre se celebrara el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.[31]
El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. Mediante este instrumento se estableció el programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) fundado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas y participación del sector empresario. El núcleo del PICAB fueron los protocolos sectoriales en sectores claves.
El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se sumó al proceso de integración regional.
El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías.
Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur.

Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno.[32]

Tratado de Paz y Amistad con Chile
Para Alfonsín garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de asumir:

Ni bien comenzó el gobierno radical, el 10 de diciembre de 1983, di precisas instrucciones para que se avanzara en la búsqueda de una solución para el diferendo austral. Raúl Alfonsín.

En 1978 la Reina de Inglaterra dio a conocer el Laudo Arbitral de 1977, que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentes Allende y Lanusse. La sentencia, (ver texto depositado en las Naciones Unidas Beagle Channel Arbitration between the Republic of Argentina and the Republic of Chile, Report and decision of the Court of Arbitration), determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del laudo y posteriormente dio partida a la Operación Soberanía para ocupar las islas. A partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a las partes a un acuerdo que no contradijera el laudo de la Corona Británica.

En 1984 la mediación estaba prácticamente agotada y Chile aún se encontraba gobernado por una dictadura militar. La persistencia del conflicto era un factor de fortalecimiento del militarismo en ambos países, y por lo tanto una amenaza inmediata a la democracia argentina.

En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución (la primera había sido rechazada por Argentina). Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.

Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida, y los sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo.

Ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del papa Juan Pablo II.

Alfonsín entonces, primero incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984, un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo, siendo rechazada por 4.[34]

Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que presionara a los senadores. Si bien los principales líderes del peronismo (Lúder, Cafiero, Carlos Menem, Lorenzo Miguel, Isabel Perón) estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios senadores peronistas como José Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela del Valle Rivas, Libardo Sánchez; radicales como Ramón Vázquez; nacionalistas como Marcelo Sánchez Sorondo, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff; socialistas como Alicia Moreau de Justo y Jorge Abelardo Ramos, entre otros.

En esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del «SI» a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plebiscito y triunfó el «SI» con un apoyo del 81,32%.[35] Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile.

El propio Alfonsín realizó años después esta conclusión sobre las consecuencias de aquel Tratado:

Debemos mirar con orgullo y esperanza lo mucho que han progresado las relaciones entre la Argentina y Chile a lo largo de los últimos 21 años, alcanzando niveles insospechados de confianza mutua y cooperación. Desde aquellos difíciles primeros años, el camino transcurrido ha sido muy grande y la relación con Santiago constituye ahora uno de los pilares centrales e indispensables de la política exterior de nuestro país. Además, Chile participa como país asociado al Mercosur y en forma plena en la Comunidad Sudamericana, proyectos de integración que buscan unirnos en un destino común. La inmensa cordillera se ha transformado en un nudo de unión, desde donde podemos mirar ilusionados al horizonte, que nos anuncia un futuro mejor. Raúl Alfonsín

El Grupo de Cartagena y el intento de formar un club de deudores

El gobierno de Alfonsín intentó crear mecanismos multilaterales, para tratar la cuestión de la deuda externa, que permitieran a los países latinoamericanos actuar conjuntamente. La heterogeneidad de los países latinoamericanos, y principalmente la decisión final de México y Brasil de negociar bilateralmente, limitó considerablemente las posibilidades que abría una acción conjunta. Sin embargo, los intentos de formar un “club de deudores” impulsados por el gobierno de Alfonsín, anticiparían los procesos de integración subregional y regional que se producirían en la década de 1990, y coaliciones multilaterales Sur-Sur, como el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y sobre todo el Grupo de los 20.

El llamado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero de 1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) realizada en la ciudad de Quito, a iniciativa del presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado. En esa ocasión el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín expuso la propuesta argentina:

La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir fuera de esta trampa. (…) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de América Latina y del Caribe.

Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores
Los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena en la que no prosperó la posición máxima impulsada por Argentina de crear un mecanismo práctico del más alto nivel para la actuación conjunta en las negociaciones de la deuda externa,[38] pero que emitió un documento denominado Consenso de Cartagena que creó un mecanismo de consulta y seguimiento regional. En 1985, el Grupo de Cartagena consideró insuficiente el Plan Brady.

El Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora (Grupo de los Ocho)
Con un espíritu similar al que inspiraba el Grupo de Cartagena, el gobierno de Alfonsín impulsó una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia en la región.

Con ese objetivo el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983.

Con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala.

Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las islas Malvinas (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de los países desarrollados.

A partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río.

Cultura, educación y transformaciones sociales

Alfabetización y universidad
El gobierno de Alfonsín instrumentó un Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7%, porcentaje similar al que registran España y Canadá.[39]

En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internacional de Lectura de la Unesco.

En la Universidad, reorganizó las universidades nacionales bajo los principios de la Reforma Universitaria, básicamente garantizando la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados y la gratuidad de los estudios de grado.

Plan Alimentario Nacional
Alfonsín implementó el “Plan Alimentario Nacional” (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza.

El plan PAN se implementaba mediante la distribución de cajas de alimentos a través de los municipios. Autores críticos delinean que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural sino de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y de corto plazo.[40]

Durante el gobierno de Alfonsín la pobreza mostró una tendencia ascendente. Mientras que en 1980 la pobreza (NBI) en el Gran Buenos Aires (GBA) estaba en 6% con 1,5% de personas indigentes, en el 1986 -tres anos después de asumir el gobierno de Alfonsín- el índice de pobreza en el Gran Buenos Aires ya alcanzaba al 11% (alrededor de 1.265.000 personas) y 2,6% de indigencia.[41]

La crisis hiperinflacionaria y la destrucción de la moneda, llevó la pobreza al 47%, volviendo a su nivel previo en 1991.

El PAN inspiró posteriormente otros planes similares implementados en otros países latinoamericanos.

Patria potestad compartida
En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga «la última palabra», y que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón.

En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.234, un derecho largamente reclamado por las mujeres.

Divorcio
En Argentina el primer proyecto de ley de divorcio vincular fue presentado en 1888 pero su tratamiento fue bloqueado sucesivamente por los sectores católicos y conservadores. En 1954, el presidente Juan Domingo Perón en su etapa de enfrentamiento con la Iglesia Católica impulsó un proyecto que fue transformado en ley. Como represalia el Papa excomulgó a varios legisladores peronistas. El golpe de estado conocido como Revolución Libertadora derogó la ley en 1955. En 1984 Argentina era uno de los pocos países en el mundo en el que no existía el derecho al divorcio vincular; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un 10% de la población, separadas de hecho, inhabilitadas para volver a casarse legalmente.

Bajo el gobierno de Alfonsín fue presentado nuevamente un proyecto de ley de divorcio vincular, que fue sancionado como Ley 23.515 del 8 de junio de 1987 a pesar de una fuerte presión ejercida por la Iglesia Católica, incluso recurriendo a manifestaciones públicas, que no resultaron convocantes. La Iglesia presionó entonces al presidente Alfonsín para que vetara la ley, pero ello no sucedió.

La Comisión Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad excomulgar a los legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció. Sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Collino, excomulgó a los diputados de su diócesis.[42]

La Iglesia Católica, que mantuvo siempre una tirante relación con el presidente Alfonsín, se mostró dividida frente a la ley de divorcio. El sector más conservador, encabezado por el obispo de Mercedes (Buenos Aires), Emilio Ogñenovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján. Ante la escasa cantidad de asistentes, Ogñenovich acusó a los obispos ausentes de haber traicionado el compromiso.[43]

Por otra parte, los sectores más abiertos de la Iglesia, mantuvieron una posición crítica sin ser intolerante, como el caso del obispo Josto Oscar Laguna que manifestó: «El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto».[44]

Traslado de la capital
El 16 de abril de 1986, Raúl Alfonsín dio desde los balcones del ministerio de economía de la provincia de Río Negro un efusivo discurso donde invitaba a los argentinos a «avanzar hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío» y donde anunciaba el traslado de la Capital Federal al área patagónica integrada por las ciudades de Carmen de Patagones (en la Provincia de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (ambas en la provincia de Río Negro). Se trataba de un ambicioso proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país, excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el poblamiento de la Patagonia.

Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 23.512 y se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital – Empresa del Estado (ENTECAP), que debía diseñar y planificar la construcción de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada.

El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, los cuales lo tildaban de «costoso», «faraónico» e «innecesario». Este frente político antitraslado que se armó estaba integrado fundamentalmente por los sectores liberales, que tenía entre sus principales líderes y referentes al ingeniero Álvaro Alsogaray, quien desde un primer momento se opuso al traslado. Estos sectores hicieron todo lo que estaba a su alcance para tirarlo abajo. También se abrió un gran debate sobre la eventualidad de que la Ciudad de Buenos Aires retornara a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lo que se resolvió con el artículo 6º de la ley 23.512, el cual establecía la provincialización de la Ciudad una vez que las autoridades federales estuvieran radicadas en la nueva capital y que se debería convocar a una Convención Constituyente para organizar sus instituciones. Esta ley fue el antecedente inmediato de la autonomía porteña actual. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia intentó continuar con el proyecto de traslado de la Capital, pero posteriormente, presionado por los sectores liberales con quienes se alió políticamente, decidió anularlo disolviendo el ENTECAP, liquidando sus bienes y propiedades. La ley de traslado aún está vigente ya que nunca fue derogada por el Congreso.

Quienes apoyaron el proyecto le han criticado a Alfonsín su falta de decisión política para llevarlo adelante y no haber ejecutado actos que hicieran irreversible el traslado, «mediante acciones de gobierno en Viedma, como firmas de decreto».[46] El propio Alfonsín se arrepiente de no haberlo hecho, cuando le respondió a un periodista: «No haberme ido, aunque sea con una carpa, a Viedma como Capital. Ese fue un error grosero».[47] También se critica a los funcionarios por él nombrados al frente del ENTECAP de dilatar los tiempos haciendo estudios y maquetas y de diseñar un proyecto demasiado costoso, el cual le daba argumento a los opositores del mismo. Este organismo además fue muy cuestionado por funcionar más en Buenos Aires que en Viedma, donde debía tener su sede.

A pesar de haber sido anulado por el gobierno menemista, en muchas oportunidades Raúl Alfonsín manifestó su anhelo de que algún gobierno retome el proyecto de Traslado de la Capital. En 1990 se incluyó el tema en el punto III, que se refiere al Federalismo, de las Bases de Acción Políticas de la Unión Cívica Radical, el cual dice: «…Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal». La Convención Constituyente de 1994, que surgió de la firma del Pacto de Olivos, introdujo en el nuevo texto constitucional la posibilidad de trasladar la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincialización de esta última, a través de los artículos 45º y 129º. El primero de éstos sostiene que «La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado…» y el segundo dice que, «La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…» pero que «…Una ley garantizara los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…»

Política laboral
Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto «pacto sindical-militar». La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.

Siete días después de asumir el gobierno Alfonsín abrió la confrontación frontal con los sindicatos, enviando al Congreso, sin consulta ni diálogo alguno, un proyecto de reforma sindical conocido como «Ley Mucci», con el objetivo de incluir a las minorías en los organismos de dirección de los sindicatos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado por la Cámara de Senadores, dominada por la oposición peronista que controlaba la CGT.

Pero el proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas por la CGT. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.

Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios.[48]

En los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas generales.[49]

En 1987 Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva Ley Sindical que fue aprobada en 1988 (Ley 23.551), con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio fue cuestionada ante la OIT por la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal organización empresarial de Argentina. Esta queja sería continuada en los años 1990 por la CTA.[50]
Otros actos de gobierno
Durante su gobierno el presidente Alfonsín abordó otras cuestiones de relativa importancia como:

la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia que llegó a elaborar un proyecto de reforma constitucional;
el Congreso Pedagógico de 1988;
viajes internacionales, entre ellos a los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, España
estrechas relaciones con el nuevo gobierno democrático de Uruguay;
elección de Dante Caputo como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989;
la circunstancia de haberse producido durante su gobierno el triunfo de la selección argentina en la Copa Mundial de Fútbol, encabezada por Diego Armando Maradona, quienes utilizaron el balcón de la Casa Rosada para festejar;
la toma del Regimiento Militar de La Tablada en 1989, por el grupo guerrillero ERP-Todos por la Patria, encabezado por Enrique Gorriarán Merlo;
las relaciones políticas con el justicialismo;
la participación en su gobierno de socialistas y conservadores;
la dinámica política implementada en materia de cooperativas;
apoyo al cine nacional que obtuvo en su período un premio Oscar con «La Historia Oficial»; el llamado a conformar un «tercer movimiento histórico»;
la política nuclear y espacial.

Fin del mandato
Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando. Alfonsín, en el futuro, calificaría como «un error tremendo» de su parte, haber adelantado las elecciones de esa manera.[51]

Los dos candidatos con posibilidades de resultar elegidos eran el radical Eduardo Angeloz, por la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos Menem, por el Partido Justicialista.

Hasta enero de 1989 la posibilidad de que la Unión Cívica Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento en las encuestas electorales. Sin embargo, a partir de febrero, el proceso hiperinflacionario destruyó toda posibilidad de triunfo. El diario Ámbito Financiero de Buenos Aires, en aquel año, tituló «Golpe de Mercado» y analizó de este modo la fuerza real que había producido la derrota del radicalismo:

«Esta Argentina democrática no quiere más golpes de Estado militares pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la demagogia de los políticos».[52]
Las elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente a 32% del candidato radical. En ese mismo mes la inflación alcanzó el 78% mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial: en mayo era del 25% y en octubre del 47%. El 30 de mayo Alfonsín decretó el estado de sitio. La situación era insostenible y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma anticipada, lo que se realiza el 8 de julio de 1989. De ese modo y en esas condiciones se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916.